Nacional

Sernac demanda a Bike Santiago por cobros indebidos, mala calidad del servicio y cláusulas abusivas

  • Por Oliver Rodríguez

El Sernac presentó una demanda colectiva en contra de Bike Santiago, luego que la empresa no estuviera dispuesta a entregar una propuesta de solución que compensara, de manera adecuada y oportuna, a los consumidores que se han visto afectados por una serie de inconvenientes en que dicha empresa ha incurrido.

El Servicio adoptó esta determinación luego de rechazar las propuestas entregadas por la empresa en el marco de una mediación colectiva, pues no cumplían con los estándares mínimos exigidos en cuanto a que no contenían una solución definitiva y satisfactoria a los problemas de cobros improcedentes que afectaron a los consumidores ni tampoco compensaban de manera adecuada a los usuarios por los perjuicios ocasionados.

Hay que recordar que, en enero del año 2017, el Sernac inició una mediación colectiva con Bike Santiago, tras recibir más de 700 reclamos de usuarios entre los meses de diciembre del 2016 y enero, la mayoría por eventuales duplicidades en el cobro de las mensualidades.

A través de los reclamos, los consumidores indicaban que la empresa habría incurrido en irregularidades en los pagos automáticos, generando más de un cobro en un mismo mes o variando los montos sin consultarlo previamente al usuario.

Hay que considerar que los pagos del servicio son realizados por los usuarios mediante tarjeta de crédito, CuentaRut, transferencia electrónica o en puntos de atención.

CLÁUSULAS ABUSIVAS

Además de los cobros improcedentes, y luego de revisar los contratos de adhesión de la empresa, el Sernac detectó una serie de cláusulas abusivas que afectaban a los usuarios, como por ejemplo, la posibilidad de aumentar de forma unilateral el valor del servicio.

El director nacional (S) del Sernac, Andrés Herrera, explicó que, con esta demanda colectiva, el Servicio busca que Bike Santiago restituya el dinero cobrado en exceso a los consumidores afectados, cumpla con el deber de profesionalidad en la prestación del servicio que ofrece, y que, al mismo tiempo, repare a los usuarios por todos los daños causados.

Además, a través de esta acción judicial el Servicio pretende que la justicia obligue a la empresa a eliminar aquellas cláusulas abusivas de sus contratos de adhesión y que le aplique el máximo de las multas que establece la LPC, enfatizó la autoridad.

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