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Subdirector de Carabineros e investigación de Operación Huracán: "Hay que tomarse el tiempo que sea necesario"

  • Por Oliver Rodríguez

El subdirector de Carabineros, general Julio Pineda, se refirió al sumario administrativo que lleva adelante la institución con el fin de determinar la validez de los procesos y medios de pruebas utilizados por funcionarios de la unidad de Inteligencia en el marco de la denominada "Operación Huracán".

Tras sostener una reunión con el ministro del Interior, Mario Fernández, en la que este le solicitó rapidez y exactitud en la investigación que lleva a delante. Tras esto, la autoridad policial se dirigió hasta la ciudad de Temuco. 

Respecto al caso, Pineda expresó que "esto tiene que ser aclarado por medio de los diferentes procesos que tiene un sumario administrativo. "El ministro (Interior) pidió brevedad, pero son procesos en que, por lo minuciosos que hay que ser, hay que tomarse el tiempo que sea necesario", aseveró. 

Respecto a los métodos que se encuentran empleando para los análisis, la autoridad policial señaló que "pensamos pedir peritajes a organismos nacionales y también estamos considerando a organismos internacionales", según consigna El Mercurio.

Paralelamente, respecto a las vacaciones del general director Bruno Villalobos, a quien le pidieron regresar a sus funciones desde La Moneda, el general sostuvo que "él está haciendo uso de un derecho legal (...) Yo estoy en contacto permanente con el general director; siempre ha estado muy atento a lo que está ocurriendo".

TELÉFONOS INCAUTADOS

Paralelamente, el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quien dirige la investigación a cargo del Ministerio Público por la presunta falsificación de medios de prueba en contra de los comuneros mapuche detenidos, consiguó permiso del juez para incautar los teléfonos celulares de dos funcionarios de la unidad de Inteligencia de Carabineros.

Se trata de Patricio Marín Lazo y Leonardo Osses Sandoval, quienes participaron directamente en la detención del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul y otros siete comuneros, quienes fueron liberados por dictamen de la Corte Suprema, tras no comprobarse su responsabilidad en los hechos que se les imputaban.

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