Nacional

"Cartel del Fuego": Querellante en España califica caso como una "trama internacional"

  • Por Felipe Solís Díaz

REVISA EL REPORTAJE COMPLETO DE "EL CARTEL DEL FUEGO"

Uno de los querellantes en España por la investigación sobre el denominado "Cartel del Fuego", que indaga las licitaciones realizadas por las empresas que combaten los incendios en Chile, afirmó que la causa ya es considerada como una "trama internacional".

En conversación con "Radio Cooperativa", Óscar Cáceres, uno de los querellantes, aseguró que el juez encargado del caso considera el cartel como "organización criminal, porque por lo visto se tienen repartido tanto España, Portugal, Italia, Chile". 

Las empresas de Faasa, Inaer y Martínez Vidau - que actualmente operan en Chile - son investigadas en Europa por delitos de colusión, tráfico de influencias, sobornos y cohecho internacional, en la adjudicación de licitaciones.

"Las empresas se reparten a qué lote va a acudir cada uno por el máximo precio que se pueda adjudicar. Con lo cual no hay competencia", agrega Cáceres.

Según el querellante, "el propio juez ya dice que es una trama internacional, nos dicen que no hay dinero para hacer medidas de prevención de incendios forestales y luego están despilfarrando el dinero en los medios aéreos".

CONTRATO DE EMPRESAS CUESTIONADAS

Ante la polémica, la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) se refirió a la investigación realizada por el área de Reportajes de AhoraNoticias, aclarando que la contratación de aeronaves para el combate de incendios se produce cuando la Corporación Nacional Forestal (Conaf) solicita medios adicionales porque sus recursos no son suficientes para afrontar la emergencia.

En ese contexto y según agregó la Onemi, "una vez que CONAF solicita el tipo específico de apoyo aéreo para atender a una emergencia, se realiza un llamado a todos los proveedores del mercado, de acuerdo a términos de referencia para estas aeronaves que incluyen todas las autorizaciones requeridas por Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)". 

Este llamado se hace en un mismo momento y se extiende a los proveedores "que cumplen con las características técnicas necesarias, de forma igualitaria y conforme a la normativa vigente".

En lo referente a las prohibiciones y según indica la Ley de Compras Públicas, el ente estatal precisa que sólo se prohíbe contratar a empresas "que hayan tenido condenas por prácticas antisindicales o por violación de los derechos de los trabajadores".

En ese sentido, cualquier eliminación de un proveedor por motivos diferentes a los mencionados anteriormente "configuraría un trato discriminatorio y contrario al principio de igualdad a los oferentes que rige el sistema de compras del Estado".

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