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Vuelco en caso de mujer sepultada viva: Quienes abrieron su tumba enfrentarán a la justicia

  • Por Felipe Solís Díaz

Un inesperado vuelco dio la historia de la mujer presuntamente enterrada viva en un cementerio de Riachao das Neves en el estado brasileño de Bahía. Las personas que abrieron el ataúd, alertados por supuestos gritos de la mujer que estaba dentro del féretro, serían procesados por violación de tumbas.

El 28 de enero, la mujer brasileña Rosangela Almeida dos Santos, de 37 años, fue declarada muerta a causa de un shock séptico después de sufrir dos paros cardíacos. Recibió su correspondiente sepultura y su familia realizó todas las ceremonias fúnebres.

Los vecinos del cementerio municipal de Riachao das Neves alertaron a las autoridades del recinto sobre ruidos extraños y gritos que provenían desde la zona donde fue enterrada Rosangela, por lo que se procedió a abrir su tumba 11 días después de que se notificó su muerte.

Aunque los familiares relatan que Rosangela habría estado viva al momento de su entierro, por las lesiones que presentaba el cuerpo en sus manos y las características en las que se encontró el ataúd, la policía descarta esta teoría.

Según consigna el medio OGlobo, la policía local considera imposible que la mujer haya sido enterrada viva como acusan los familiares. El cuerpo de Rosangela fue enterrado 20 horas después de que se notificara su muerte, y durante ese plazo la mujer no evidenció signos vitales.

Desde el hospital donde fue atendida la mujer descartan cualquier negligencia del personal, y afirman que la paciente llegó con una grave infección respiratoria y durante sus últimas 24 horas estuvo en la UCI con un cuadro "grave e irreversible", el que causó su deceso. Rosangela estuvo conectada a máquinas de monitoreo que harían imposible un mal diagnóstico médico, aclara.

Con estos antecedentes la policía descarta la tesis de que la mujer haya estado viva al interior del ataúd. Aunque se desconocen las razones reales de la exhumación, todos los involucrados en el proceso deberán responder a la justicia por el delito de profanación de tumbas, el cual tiene una pena de hasta 3 años de presidio según la Ley brasileña.

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