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Superintendencia de Pensiones inicia procedimiento sancionatorio contra las siete AFP por pérdidas de los fondos D y E

¿Qué pasó?

La Superintendencia de Pensiones (SP) anunció el inicio de procedimientos sancionatorios contra las siete Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que operan en Chile, debido a su eventual responsabilidad en las pérdidas que han afectado a los fondos previsionales D y E.

La decisión fue comunicada este martes 20 de octubre, luego de que el organismo regulador concluyera las acciones de fiscalización relacionadas con la pérdida de valor de ambos multifondos. La investigación busca determinar si las administradoras incurrieron en incumplimientos al momento de adoptar las decisiones de inversión que derivaron en estos resultados.

Las AFP involucradas son Capital, Cuprum, Habitat, Modelo, Planvital, Provida y UNO. Según precisó la Superintendencia, el procedimiento apunta a establecer si las entidades respetaron el deber de lealtad y diligencia contemplado en el artículo 147 del Decreto Ley N.º 3.500 y en la Norma de Carácter General N.º 340, del 18 de julio de 2025.

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¿Por qué la Superintendencia inició un proceso contra las siete AFP?

En su comunicado, la Superintendencia de Pensiones explicó que la medida se adoptó tras finalizar las fiscalizaciones sobre las pérdidas que afectaron particularmente a los fondos D y E.

El organismo indicó que decidió iniciar un procedimiento sancionatorio contra cada una de las siete administradoras por su eventual responsabilidad en las decisiones de inversión adoptadas.

La investigación busca establecer si las AFP “habrían incumplido o no el deber de lealtad y diligencia” establecido en la normativa que regula el sistema previsional.

El inicio de estos procedimientos no significa que las administradoras ya hayan sido declaradas responsables de infracciones, sino que se investigarán sus actuaciones para determinar si se ajustaron a las obligaciones legales vigentes.

¿Qué establece la ley sobre las inversiones de los fondos de pensiones?

Uno de los puntos centrales de la investigación es el cumplimiento del artículo 147 del Decreto Ley N.º 3.500, que establece las obligaciones de las AFP en la administración de los recursos previsionales.

La normativa señala que las administradoras “deberán efectuar todas las gestiones que sean necesarias, para cautelar la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad en las inversiones de los Fondos que administran”.

El mismo artículo establece que las AFP deben actuar priorizando exclusivamente los intereses de los fondos y garantizar que las operaciones de adquisición y enajenación de títulos se realicen con ese objetivo.

En ese sentido, la Superintendencia busca determinar si las decisiones de inversión adoptadas por las administradoras cumplieron con las exigencias de rentabilidad, seguridad y resguardo de los ahorros previsionales.

Deberes fiduciarios: ¿qué dice la Norma de Carácter General N.º 340?

Otro de los elementos considerados en el procedimiento es la Norma de Carácter General N.º 340, que unificó la regulación existente en esta materia e incorporó un capítulo sobre los deberes fiduciarios de las administradoras en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

De acuerdo con el comunicado, esta normativa establece obligaciones de cuidado y destreza para quienes administran recursos que pertenecen a terceros, como ocurre con los ahorros de los afiliados al sistema previsional.

Entre las responsabilidades contempladas se encuentran el resguardo de los fondos, la prevención de conflictos de interés y la aplicación de estándares de diligencia en la gestión de las inversiones.

Al respecto, la Superintendencia destacó la obligación de las administradoras de “detectar y evitar los conflictos de interés e incorporar estándares de diligencia como aspectos claves en su quehacer”.

¿Qué pasará ahora con las AFP involucradas?

Tras el inicio de los procedimientos sancionatorios, la Superintendencia de Pensiones deberá determinar si las administradoras incumplieron las obligaciones establecidas en la legislación y la normativa previsional.

La investigación se enfocará en las decisiones de inversión adoptadas por cada AFP y en el cumplimiento de los deberes de lealtad, diligencia y resguardo de los recursos de los afiliados.

Por ahora, el organismo regulador no ha comunicado una resolución definitiva sobre las eventuales responsabilidades de las administradoras. Las posibles sanciones dependerán de los resultados de los respectivos procedimientos.

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