Habría pagado más de $100 millones por servicios no prestados: CDE se querella contra diputado Calisto por fraude al fisco

¿Qué pasó? 

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) anunció este miércoles la presentación de una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique en contra del diputado Miguel Calisto Águila y de quienes resulten responsables por el delito de fraude al fisco. 

En la acción judicial, también dirigida a Carla Graf, Roland Cárcamo y Felipe Klein, se acusa una serie de maniobras destinadas a desviar dineros públicos provenientes de asignaciones parlamentarias para fines no previstos en la ley de presupuestos de la nación.

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¿En qué consiste la querella contra el diputado? 

Según los antecedentes de la investigación, Graf "coludida con el diputado Calisto habría celebrado una serie de contratos de prestaciones de servicio para apoyar la función del parlamentario a través de asesorías, coordinación y elaboración de estudios", señala el CDE en una publicación en su sitio web. 

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A cambio, habría recibido un pago a honorarios "que no solo fue incrementándose en el tiempo sin ningún tipo de justificación, sino que no contó con ningún antecedente o respaldo que acreditara el cumplimiento efectivo de la labor contratada".

El CDE asegura que existen múltiples antecedentes que dan cuenta que Graf no era reconocida por las personas que trabajaban para Calisto en Aysén "como alguien que prestaba servicios en el equipo de trabajo del diputado en la región".

Se habrían pagado más de $100 millones por servicios no prestados

"En consecuencia, se pudo constatar que la querellada Carla Graf Toledo no prestó los servicios para los que fue contratada, lo que era conocido y aceptado por el querellado Calisto Águila", afirma el CDE en la misma publicación. 

Por ello, el diputado "faltando a los deberes de su cargo e incurriendo en múltiples acciones de administración desleal de los fondos públicos promovió la celebración de contratos por servicios no prestados, pagando por concepto de honorarios a la imputada más de $100 millones en perjuicio del fisco por servicios que nunca prestó". 

Asimismo, habrían existido transferencias de dineros entre Graf, Cárcamo, Klein y el legislador, concordante con épocas de campañas políticas en la región, "las que habrían sido destinadas a desviar dineros de asignaciones parlamentarias a fines no previstos, como financiamiento de campañas y gastos particulares en un contexto de conducta dolosa desarrollada por los responsables".