Matrimonio de "investigadores privados" ofrecía probar infidelidades pero terminaba estafando a sus clientes
En el año 2020 decenas de personas contrataron a un matrimonio que ofrecía servicios de investigadores privados para hacer seguimientos y probar infidelidades.
Los clientes les pagaron millones de pesos, pero los informes que recibían habrían sido un completo engaño, por lo que estos supuestos detectives terminaron siendo denunciados por presunta estafa. Además, algunas de las víctimas decidieron no pagar la totalidad de los montos, tras lo cual comenzaron a recibir extorsiones.
Los dueños de la empresa de investigadores son Francisco Javier Flores Aspee y Jennifer Cherkashin Acuña. Ambos imputados fueron formalizados por estafa y actualmente están con arraigo nacional y firma mensual.
Respecto a la compañía, que seguiría prestando servicios, desde el año 2008 existen denuncias en su contra y varias veces ha cambiado de nombre y de ubicación en la capital.
Pagó casi $5 millones
Una de las víctimas, a quien llamaremos Fernando, ya que quiere mantener en reserva su identidad, en abril de este año se transformó en la última persona que cayó en el engaño de este matrimonio, quienes se publicitaban en el sitio web investigue.cl, de la propiedad Logística Spa.
"Necesitaba seguir en ese momento a quien era mi esposa por un tema de infidelidad, y entonces necesitaba contratar un servicio de seguimiento e investigación, y que me dieran pruebas para ver qué camino legal. O sea, si iba a ser un divorcio de mutuo acuerdo o un divorcio con otro tipo de causal", contó.
La empresa de investigadores privados le prometió tener resultados en una semana. Firmaron un contrato y Fernando les entregó las direcciones que debían vigilar especialmente un fin de semana, incluso una en regiones.
"En principio como tarifa me dijeron que eran como $300 mil, que ese era el monto del servicio, y me prometían videos, fotos, un detalle acabado de todos los movimientos de la persona", recordó.
Sin embargo, Fernando afirmó que ese servicio base "era un engaño total, nunca fue". Pero antes de notar eso pagó más dinero, completando casi $5 millones en total.
Tras 23 días de operación, le entregaron un informe, el cual la víctima calificó como una "burla, un chiste, no tenía nada, tenía solo los datos que yo entregué, un par de fotos de afuera de mi casa, o sea nada, un chiste. No justificaba en ningún caso lo que estaban cobrando... Se veía solo mi casa y mi exseñora que iba saliendo, nada más que eso".
"Se aprovechan de la vulnerabilidad, de la desesperación y de que uno quiere todo rápido. Entonces, uno actúa también rápido en relación a lo que ellos te dicen, porque es como 'si no pagas no te entrego nada, y aparte perdiste todo lo que ya entregaste'", señaló.
Investigadores privados en Chile
Cuando se habla de investigadores privados, lo primero que uno se suele imaginar es una película de personas tratando de hacer el trabajo de la policía. En Estados Unidos existe hace décadas, pero en Chile hay un gran vacío legal en esta materia.
Desde el año 2008 se encuentra durmiendo en el Congreso un proyecto que pretende regular esta actividad.
"En Chile cualquier persona puede ser investigador privado porque no hay una ley que diga lo contrario. Cualquier persona que no tenga competencias puede ejercer como investigador privado, cualquier persona que no esté capacitado psíquicamente, ni moralmente", sostuvo Sandra Fuenzalida, exsubprefecto de la Policía de Investigaciones (PDI).
Debido a este escenario se produce el riesgo de caer en manos de inescrupulosos o grupos que aparentan ofrecer un servicio que en la práctica sólo termina causando un desmedro económico.
Respecto a este caso, José Villalobos, exfiscal del Ministerio Público, explicó que "no se trata de una empresa que no cumple simplemente, sino que ellos están plantados en una situación donde esta apariencia de una empresa seria, donde prestan un servicio relevante, y finalmente no lo hacen desde el inicio y, por lo tanto, ahí está la configuración del delito de estafa, y luego se transforma en una amenaza extorsiva, donde finalmente estas personas para no cumplir o no hacer la devolución del dinero, proceden a amenazar al cliente".
Extorsión
Esta empresa de investigadores privados no es nueva para la Fiscalía. En 2010, diez personas llevaron a juicio a este matrimonio por estafa. Entre ellos, Ernesto, que encargó un seguimiento a su exesposa, quien tenía a cargo el cuidado de su hijo, respecto al cual le preocupaba su "integridad, porque estaba mal cuidado por su progenitora".
Ernesto contó que se reunió con Flores y Cherkashin y le dieron confianza, por lo que firmó el contrato previo pago de $400 mil. Por esos años la compañía se llamaba Power Holding y registraba dirección en un edificio de la calle Guardia Vieja en Providencia.
"Estaban muy capacitados en lo que tiene que ver con tribunales de familia, por lo tanto, iban a obtener todas las pruebas que yo requería en su minuto", señaló, pero no alcanzó a pasar una semana y recibió una llamada de los investigadores que le despertó sospechas.
"Al cabo de cuatro días me dicen que ya tienen toda la información, pero justo en esa fecha mi hijo viajó, entonces era imposible que tuvieran la información, porque no tenían la dirección donde mi hijo había ido, que más encima era una zona rural. Era técnicamente imposible haber reunido todos los antecedentes que ellos ofrecieron", aseguró.
Sin embargo, los investigadores insistieron en que el trabajo estaba hecho y querían el pago de los supuestos servicios.
"Solamente me cobraban $3 millones, $2 millones y tanto, por gastos para obtener estas supuestas pruebas. De ahí en adelante no les transferí nada más y no me llegaron pruebas como a otros estafados que le llegaron fotos que no coincidían con las personas, de hecho ni conocían a la gente de las fotos", sostuvo Ernesto.
Luego de negarse a pagar la millonaria cifra, comenzaron las extorsiones. "Me amenazaron con meterme a Dicom y después que iban entregar las pruebas obtenidas a la personas investigadas. Como en realidad yo sabía que no existían esas pruebas, lo que sí iban a hacer era contactar a los investigados".
Fernando incluso contó que sabe de casos en que también llamaron a los investigados y les aseguraron tener pruebas de lo que hacían, pidiéndoles dinero a cambio de su silencio. "Entonces, le pedían plata al investigado y a la persona que contrató el servicio", sostuvo.
Acuerdo con víctimas
Flores y Cherkashin participaron en los últimos días de una audiencia judicial de acuerdo reparatorio, donde llegaron a un consenso con 18 personas que los denunciaron por estafa, a las que le devolvieron $29 millones. Sin embargo, el tribunal mantuvo a la pareja con la medida cautelar de arraigo nacional.
De todos modos, actualmente cercanos a la causa afirman que hay decenas de otras víctimas que no han denunciado a este matrimonio porque temen que revelen algún tipo de información a las personas que intentaron seguir.
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