Municipalidad despidió a trabajadora por razones políticas y ahora le deberán pagar más $12 millones
¿Qué pasó?
El Primer Juzgado de Letras de Coronel ordenó a la Municipalidad de la misma comuna a pagar más de $12 millones a una psicóloga que fue despedida por razones políticas.
De este modo, el tribunal acogió la demanda de tutela laboral presentada por la profesional, acusando un despido injustificado, y señaló que el municipio deberá realizar un curso sobre no discriminación política, al que deberán asistir obligatoriamente todos los cargos de jefatura.
El caso
Según se expone en el fallo, Evelyn Arratia trabajaba desde el 2012 en establecimientos educacionales municipales, recibiendo su última remuneración en mayo del 2021.
Los problemas comenzaron en el año 2016 cuando su cónyuge, Gonzalo Osorio Riesco, fue electo como concejal de la comuna, manteniendo una tensa relación con el alcalde, Boris Chamorro.
Incluso, entre los años 2018 y 2019 ambos sostuvieron acaloradas discusiones en los concejos municipales, provocando un intercambio de acciones judiciales de uno contra otro.
Este escenario dificultó la realidad profesional de la psicóloga, quien acusó que intentaron negarle los permisos administrativos y trasladarla de establecimiento educacional después de una de las discusiones de su marido con el jefe comunal.
Competencia por la alcaldía
En el 2021 la situación se tornó más compleja, cuando Gozalo Osorio decidió competir por la alcaldía con Boris Chamorro, obteniendo segunda mayoría electoral.
Dos semanas después de que su cónyuge perdieras las elecciones, Arratia fue comunicada de su despido por "necesidades del servicio".
Acto de represalia
El Primer Juzgado de Letras de Coronel sostuvo que "el conjunto de hechos anteriormente expuesto, se puede concluir al menos indiciariamente que el despido de la demandante tuvo por real motivación ejercer un acto de represalia por parte de su empleador, dada la calidad de cónyuge de su oponente, de modo que la desvinculación de la trabajadora se explica por hechos ajenos a los expuestos en la carta de trabajo, en especial la vinculación familiar con una persona que sostenía conflictos de naturaleza política con el Sr. Alcalde".
"Durante su declaración, los testigos de la demandada, no pudieron explicar en forma racional cuál era el motivo exacto por el cual se habría desvinculado a esa altura del año a la demandante, pues hay que tener presente que se trata de una profesional con experiencia y trayectoria dentro del sistema educativo, quien se desempeñaba como psicóloga del establecimiento", señaló.
"No resulta lógico que en un período de tanto estrés y dificultades, en el cual los problemas de salud mental y conflictos de adaptación que presentaron un aumento generalizado a nivel país, por causa del aislamiento que generó la pandemia, sumado al hecho de los factores de riesgo propios del establecimiento en que se prestaban los servicios... No parece comprensible que se haya decidido prescindir de dichos servicios o no hubiera la necesidad de asignarle otras labores dentro de la administración, o que se tratase de la persona menos idónea para continuar con su contratación", agregó.
En ese sentido, afirmó que se puede concluir que "el despido revestía como finalidad privar a la trabajadora de su trabajo por el sólo hecho de mantener un nexo familiar con un contrincante político del alcalde, sin que medie una racionalidad en la decisión adoptada".
Pago de más de $12 millones
Finalmente, el tribunal acogió la denuncia de la profesional, y ordenó que se le paguen las siguientes sumas:
- $2.778.825 de recargo del 30% de la indemnización por años de servicio.
- $9.262.752 por 8 indemnizaciones como indemnización adicional.
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