Nacional

Reinaldo Sánchez es formalizado por malversación de fondos públicos

  • Por Ahoranoticias.cl

Para esta tarde la Fiscalía Metropolitana Oriente tenía programado imputar cargos a Cristián Martínez, Reinaldo Sánchez y a otras tres personas por la licitación de monitoreo al uso de la Tarjeta Nacional Estudiantil.

Luego de una investigación de cinco años, el Ministerio Público decidió presentar cargos por malversación de caudales públicos en contratos por más de $2.000 millones, licitados en 2007 para el monitoreo del uso de la Tarjeta Nacional de Estudiantil (TNE) en regiones.

Hace dos años, la Contraloría General de la República le entregó al Ministerio Público un informe que daba cuenta de anomalías en la ejecución del contrato licitado. Según el convenio, los oferentes se comprometían con la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) para dos cosas: instalar oficinas de atención a usuarios y monitorear el correcto uso de la TNE. Es decir, que la tarjeta que permite a los escolares movilizarse en el transporte público sea usada por los verdaderos beneficiarios.

La licitación fue ganada por diferentes federaciones de transporte en regiones y en ese momento ocurrieron las presuntas irregularidades, ya que no se cumplió con el monitoreo del uso del pase en algunas de las zonas licitadas, pese a que se pagaron los montos pactados.

Los imputados son el ex subsecretario de Educación del gobierno de Michelle Bachelet, Cristián Martínez, quien al inicio de la indagatoria se desempeñaba como secretario general de la Junaeb; Patricio Ayala, por su rol como coordinador nacional de la TNE en ese año; el empresario de locomoción colectiva de Valparaíso Reinaldo Sánchez (ex presidente de la ANFP), José Muñoz y Federico Giusty, quienes el año de la licitación aparecían como presidente de la Federación de Transportes del Maule (Fetram) y directivo de la Interregional de Transportes de Pasajeros Arauco, respectivamente.

Según los antecedentes que se manejan en la indagatoria, la Junaeb debía enviar a los ganadores de la licitación una base de datos con los nombres de los alumnos usuarios del beneficio, para iniciar el monitoreo del sistema. Esto no habría ocurrido, por lo que la labor no se habría realizado. Pese a lo anterior, los contratos se habrían pagado.

Según la investigación, Ayala habría visado y dado por cumplida la labor de monitoreo de las federaciones de transporte.

Los antecedentes apuntan a que en total se pagaron $2.400 millones, aunque de ese valor hay que descontar, según se explicó, el valor de las oficinas de atención a público, la parte del contrato que sí se cumplió.

El Ministerio Público también pidió audiencia de formalización de cargos para otras dos personas. Se trata de Alejandro Donoso y Alamiro Torres. Ambos serán imputados en una fecha y hora que debe determinar el Octavo Juzgado de Garantía santiaguino.

UPI

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