"Narcomaderas": detalles de los informes de ex DEA con que empresarios rebaten a Fiscalía antes del viaje de Kast a Bolivia

Trabajadores que mastican hojas de coca mientras procesan madera y billetes estadounidenses que acumulan residuos de cocaína al pasar por máquinas contadoras. Esas son dos de las referencias que utilizan los especialistas contratados por empresarios bolivianos para plantear una explicación alternativa a las trazas detectadas en cargamentos retenidos en Chile: contaminación por contacto, en vez de una impregnación deliberada con toneladas de droga.

La hipótesis forma parte de cinco informes y declaraciones a los que accedió Mega Investiga y que los madereros buscan entregar al Presidente José Antonio Kast en su visita de este viernes 16 de octubre a Bolivia. Sus autores, dos exintegrantes de la DEA, cuestionan cómo se pasó de detectar sustancias en muestras de madera a anunciar que los cargamentos contendrían más de cien toneladas de narcóticos.

La ofensiva también llegará a los tribunales. El próximo martes, en una audiencia en Arica solicitada por el estudio de los exfiscales Alejandro Peña y José Antonio Villalobos, la defensa buscará nuevos peritajes de la Policía de Investigaciones (PDI) para contrastar los análisis del Instituto de Salud Pública (ISP). El objetivo es determinar cuánto había de cada sustancia y si estaba dentro de la madera o en su superficie.

Los autores de los informes a los que accedió Mega Investiga son Scott Richard Oulton, exjefe de Ciencias Forenses de la DEA, y James Craig Kuykendall, antiguo jefe de su oficina en Santiago.

Kuykendall relata que el 22 de septiembre visitó aserraderos de Manurini, Siempre Verde y Multipando en Cobija, departamento de Pando. Dice haber observado trabajadores masticando coca, restos de hojas desechadas y bolsas de bicarbonato de sodio. Su informe, firmado el 12 de octubre, incorpora fotografías y plantea que residuos podrían transferirse desde las manos o la saliva a las tablas durante el corte, procesamiento y carga.

Oulton, por su parte, cita un estudio que encontró trazas de cocaína en hasta el 90% de los billetes estadounidenses examinados. Explica que las máquinas contadoras transfieren residuos entre billetes y utiliza ese mecanismo para ilustrar cómo una sustancia puede propagarse sin que todos quienes la manipulan estén vinculados al narcotráfico. Kuykendall añade que presenció alertas de perros antinarcóticos ante maletas con grandes sumas de dólares, pero sin droga encontrada.

La comparación apunta a una distinción central: detectar una sustancia, medir su cantidad y demostrar una impregnación deliberada son conclusiones distintas. Según los consultores, los antecedentes no acreditan las tres.

El anuncio que abrió el conflicto

El 8 de junio, la Fiscalía de Arica informó, en un punto de prensa junto a autoridades del gobierno chileno, la detección de 1.080 toneladas de madera presuntamente impregnada con drogas, distribuidas en 45 contenedores en Arica, San Antonio y Valparaíso. El peso correspondía al cargamento forestal. La cantidad de sustancias ilícitas, estimada en más de cien toneladas, dependía del porcentaje de impregnación atribuido a ese material.

El anuncio fue encabezado por el fiscal regional Mario Carrera, con el fiscal nacional, Ángel Valencia, y el ministro de Seguridad, Martín Arrau. Los empresarios sostienen que la acusación perjudicó a toda la industria exportadora boliviana.

El expresidente Jorge “Tuto” Quiroga llevó esa presión directamente a Kast. Como publicó Mega Investiga en septiembre, desafió a Chile: “Demuestren un solo exportador boliviano que haya exportado un tablón de madera con droga”. Sostuvo que, si las acusaciones no se demostraban, el mandatario debía pedir perdón “de rodillas” y reclamó una compensación de mil millones de dólares. Es una exigencia política, no una indemnización establecida judicialmente.

El conflicto ya ingresó en la agenda diplomática. En la reunión preparatoria entre los cancilleres Francisco Pérez Mackenna y Héctor Huanca, Bolivia expresó su preocupación por sus exportaciones. Chile se comprometió a canalizar los antecedentes por las vías institucionales.

De las trazas a las toneladas

Los documentos revisan antecedentes de 10 de las 23 empresas apuntadas en la indagatoria, la acreditación del ISP y los casos de Jotoya y Liguria.

El principal reparo de Oulton apunta a los resultados de cocaína en “trazas” y concentración “inferior al 5%”. Ese lenguaje identifica la sustancia, sostiene, pero no mide cuánto contiene el cargamento. Un valor inferior al 5% no equivale al 5% y podría ser considerablemente menor.

“Un hallazgo cualitativo de ‘trazas, inferior al 5%’ no puede convertirse en una estimación cuantitativa del 10%, 20%, 30% o más”, escribió el 6 de septiembre. El perito contrasta los protocolos con declaraciones que atribuye al fiscal regional sobre esos porcentajes y una estimación “conservadora” del 10%. Afirma que no encontró un análisis cuantitativo validado que sustente esas cifras.

Kuykendall cita una guía del ISP de 2011: informar trazas significa detectar cocaína por encima del límite de detección, pero bajo el nivel que permite medir su concentración con suficiente exactitud. Oulton pide métodos calibrados, muestras representativas y una relación documentada entre los fragmentos examinados y las miles de toneladas de madera. No entrega una cantidad alternativa medida: solicita determinarla mediante nuevas pruebas.

Las diferencias entre terreno y laboratorio

Oulton también compara las alertas del detector portátil MX908 con los análisis del ISP. El equipo orienta la búsqueda y requiere confirmación de laboratorio, pero en varios casos las sustancias informadas no coinciden. 

En cinco contenedores de Dekma, las alertas incluyeron metanfetamina, hidrocodona, un análogo de fentanilo, heroína y gabapentina. Oulton sostiene que ninguna fue confirmada en los protocolos: el laboratorio reportó cocaína base y ketamina, con cafeína en dos. Añade que en dos contenedores se perforó la madera y se aplicaron pruebas colorimétricas sin resultados indicativos de sustancias ilícitas.

En Jotoya, una alerta por cocaína fue registrada para dos envíos en conjunto, sin precisar, según el perito, de cuál procedían las muestras examinadas con el detector. El ISP informó cocaína, ketamina y cafeína en uno; en el otro, únicamente ketamina. En Liguria, las alertas incluyeron xilazina, metadona y un posible análogo de fentanilo, pero el laboratorio informó otras sustancias.

Otros dos contenedores de Liguria fueron incautados por reacción canina, pese a resultados inconcluyentes del detector. Oulton pide revisar el muestreo y el uso del equipo. Las diferencias no prueban por sí solas que el ISP esté equivocado.

¿En la superficie o dentro de la madera?

Oulton afirma que los informes no aclaran si se analizó la superficie, el interior o la pieza completa. Esa distinción es clave para diferenciar una contaminación por contacto de una impregnación deliberada.

Dos protocolos de Liguria describen las muestras como “MADERA IMPREGNADA”. Según el especialista, esa descripción fue aportada por quien remitió el material. “Esa etiqueta registra, por lo tanto, una suposición formulada antes del análisis; no es un hallazgo de laboratorio de impregnación”, sostiene.

La ketamina abre otro foco. Oulton registra su presencia en 27 de 33 informes de diez empresas, aunque el detector de terreno no había alertado por ella. Plantea revisar una posible contaminación durante la manipulación o el análisis. Como antecedente, identifica ocho informes positivos procesados por un perito y cinco negativos asignados a otra profesional. La agrupación no demuestra contaminación, pero, a su juicio, exige examinar equipos, reactivos y limpieza.

Pide además los controles en blanco, que permiten descartar contaminación del propio procedimiento. Afirma que no están documentados en los protocolos revisados, lo que no prueba que nunca se hayan realizado. 

Oulton cuestiona además que la acreditación revisada cubra el análisis forense de drogas incautadas. Afirma que el método utilizado figura como cualitativo y pregunta cómo se respaldó el “inferior al 5%”. Pide documentación y aclara que sus reparos no invalidan automáticamente los resultados.

Los límites de las hipótesis

Oulton cita antecedentes sobre especies tropicales resistentes a la impregnación, pero reconoce que no dispone de datos específicos para varias maderas de Jotoya y Liguria. “No ofrezco la opinión, en estos dos expedientes, de que la madera sea físicamente incapaz de ser impregnada”, señala. Su objeción se concentra en demostrar el proceso atribuido a esas cargas y la posibilidad de recuperar la droga.

Kuykendall cuestiona también que clientes compartidos, intermediarios y destinos comerciales hayan sido interpretados como indicios de una red criminal. Plantea un posible sesgo de confirmación, aunque no presenta una auditoría del algoritmo de perfilamiento utilizado.

La respuesta chilena fue expuesta por Mega Investiga el 23 de septiembre. Boris Duffau, jefe del Departamento de Salud Ambiental del ISP, informó que un procedimiento de extracción desarrollado para estas maderas había confirmado distintas sustancias en más de 300 muestras. El organismo sostuvo que estaban impregnadas. Ignacio Castillo, de la Fiscalía Nacional, señaló que los informes privados serían evaluados conforme al principio de objetividad dentro de la investigación.

En Arica, la defensa buscará peritajes independientes, cuantitativos y con análisis separados de superficie e interior. Ante Kast, los empresarios expondrán los reparos. La pregunta sigue abierta: qué prueba permite pasar de detectar trazas a atribuir toneladas de droga al conjunto de los cargamentos.

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