Fiscalía presenta acusación contra exalcalde de Rancagua Juan Ramón Godoy por delitos de corrupción: Arriesga 63 años de prisión

¿Qué pasó? 

La Fiscalía de Alta Complejidad de O'Higgins presentó este lunes una acusación en contra del exalcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, por una serie de delitos de corrupción presuntamente cometidos durante su administración entre 2021 y 2024.

Entre las imputaciones del Ministerio Público se encuentran cohecho agravado, fraude al fisco, malversación de caudales públicos, lavado de activos y delitos tributarios. Según el órgano persecutor, el fraude superaría los $3.000 millones

Sobornos y no declaración de ingresos, entre otros delitos

De acuerdo al fiscal Nicolás Núñez, se estableció en la investigación que en la Municipalidad de Rancagua "existió una verdadera gobernanza fraudulenta, que consistía en la asignación de contrataciones públicas a empresarios que eran amigos del alcalde". 

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El persecutor explicó que, además, estos empresarios "sobornaban al alcalde con el objeto de asignarse estos contratos". Al respecto, "se presentaron cuatro capítulos relativos a distintos hechos de corrupción. Cada uno de ellos corresponde a la relación delictual (de Godoy) con cada uno de los empresarios". 

Asimismo, en la acusación "se han presentado antecedentes relativos al delito de lavado de activos, principalmente por la compra de un bien inmueble a través de un testaferro en Doñihue y por el uso de productos bancarios de un tercero, en este caso uno de los empresarios, Javier Cornejo". 

También se presentó una acusación relativa a delitos tributarios, "que dice relación con la no declaración de ingresos al patrimonio del funcionario público, que corresponden a los pagos de estos sobornos", informó el fiscal. 

Monto defraudado superaría los $3.200 millones

Núñez comentó que "en atención a que cada uno de estos sobornos terminaron en una contraprestación en distintos contratos que, a nuestro juicio, son fraudulentos", como Ministerio Público, estiman que el perjuicio fiscal es cercano a los $3.200 millones. 

Por cada uno de los cuatro delitos de cohecho, la Fiscalía está pidiendo 12 años. Respecto a las imputaciones por malversación de caudales públicos, lavado de activos y delitos tributarios, se solicitan cinco años por cada uno de ellos, sumando un total de 63 años.