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Asistentes a fiestas clandestinas en Zapallar aún no pagan sus multas: son más de $186 millones

  • Por Meganoticias

¿Qué pasó?

A casi seis meses de las polémicas fiestas clandestinas en el exclusivo balneario de Zapallar, hoy se conoció que ninguno de los sancionados ha pagado sus multas.

Según lo informado por la Seremi de Salud de Valparaíso a través de la Ley de Transparencia, las 37 multas cursadas se encuentran en calidad de “impagas”, y suman más de $186 millones en total.

¿Qué dijo el Seremi de Salud?

El seremi de Salud de la región de Valparaíso, Georg Hübner, señaló que en la comuna de Zapallar durante enero “se cursaron 52 multas, 4.091 UTM, equivalente a 212 millones”.

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Posteriormente precisó que de estas multas “37 corresponden a infracciones contra asistentes y organizadores de estos eventos masivos o fiestas clandestinas”, aseguró.

No obstante, agregó que, aunque todavía no han sido pagadas, “están dentro de distintos plazos legales respectivos”.

Finalmente aseguró que se está a la espera de que los infractores apelen, y que “la notificación y las resoluciones estén pendientes y otras puedan ser enviadas próximamente al Consejo de Defensa del Estado”, expresó la autoridad regional.

Fiestas clandestinas de fin de año

Durante enero de este año se conocieron una serie de videos en donde se daba cuenta de masivas fiestas clandestinas en el litoral central del país. Pronto se supo que los registros correspondían al exclusivo sector de Cachagua, en la comuna de Zapallar, durante las celebraciones de año nuevo.

Los videos rápidamente se viralizaron, al mismo tiempo que unos audios se filtraban por WhatsApp y redes sociales, en donde se señalaban quiénes habían asistido a las masivas fiestas. Fue así como se supo que se trataba de jóvenes de exclusivos colegios de Santiago, incluso algunos eran hijos de parlamentarios y empresarios.

El exseremi Salud de Valparaíso, Francisco Álvarez, recordó al medio La Tercera que cuando se detectaron estos festejos clandestinos "enviamos un equipo especial a la zona, para tomar declaraciones y hacer la investigación epidemiológica".

"Así obtuvimos sólo los nombres de los organizadores, e instruimos sumarios contra ellos (el 7 de enero pasado). Pero los testigos no entregaron información de los asistentes. Nadie quería hablar, todos tenían miedo de perder sus trabajos o de tener algún tipo de represalia por prestar declaración y dejar su nombre en un acta", comentó el exseremi al citado diario.

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