Fiscalía Occidente lleva a juicio oral a banda internacional de narcotraficantes
Este martes, ante el Quinto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, 15 acusados de conformar una organización internacional de narcotraficantes enfrentan la primera jornada del juicio oral en su contra por delitos de asociación ilícita y tráfico de drogas.
Se trata de una red integrada por ciudadanos brasileños, paraguayos, argentinos y chilenos que resultó desbaratada por la Fiscalía Occidente y la Brigada Antinarcóticos Metropolitana de la PDI, en el marco de una operación denominada "Cristo Redentor", que se gestó en coordinación con la Policía de Mendoza y la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay.
En el transcurso del juicio oral, que se proyecta para tres semanas, el fiscal Julio Ruiz buscará acreditar cinco hechos: La internación de 56 kilos de cannabis sativa escondidos en las ruedas de un camión paraguayo a través de un paso en San Pedro de Atacama, en junio de 2011; el ingreso de un cargamento de 1.586 kilos por el Paso Los Libertadores, contenidos en 1.601 paquetes que fueron recibidos y almacenados en un container con doble fondo en una parcela ubicada en la comuna de Maipú, en julio; otros dos tráficos por 100 kilos y 133 kilos de marihuana, respectivamente, decomisados en la zona central en agosto del mismo año tras haber sido internados por pasos de la Región de Antofagasta y, por último, el ingreso de 66 kilos de la sustancia por el paso Liucura en la Región de de la Araucanía, en febrero de 2012.
El total de la droga incautada asciende a 1.943 kilos, avaluados en unos mil 900 millones de pesos. A lo anterior se agrega el decomiso de 10 automóviles y camionetas; un camión y una rampla.
Los acusados de liderar esta red internacional son los chilenos Luis Rodrigo Barahona Cornejo y Carlos Coffre Araneda, los paraguayos Juan Paradeda Paniagua y Ever Ruiz Díaz, la ciudadana argentina Marta Beatriz Ralde y el brasileño Paulo Ajala Núñez.
Las penas individuales solicitadas por la fiscalía van entre 10 años y un día hasta 45 años de presidio, conforme al grado de participación que cabría a cada uno de los acusados en los delitos acreditados en la investigación.
(UPI)
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