Se trataba de una "broma": Cámaras de seguridad graban supuesto secuestro a joven en Rancagua
¿Qué pasó?
Un video captado por cámaras de seguridad dejaron en evidencia el momento en que ocurrió el supuesto secuestro de una joven en la calle Taltal, de la población Nelson Pereira de Rancagua, región de O'Higgins. El registro encendió las alarmas de la comunidad, pero luego se reveló que la situación se trató de una "broma", la cual provocó un operativo del OS9 de Carabineros.
El video del supuesto secuestro
En las imágenes, que se viralizaron rápidamente, se observa cómo un vehículo se detiene en una esquina y desde su interior desciende un sujeto que toma a una joven que caminaba por el lugar.
Mientras tanto, otro individuo observa los alrededores del sector para verificar que nadie esté mirando. Posteriormente, suben a la joven al automóvil y se retiran del lugar.
El registro encendió las alarmas entre residentes del sector, quienes pensaron que se trataba de un secuestro. Esto motivó la intervención de Carabineros, quienes iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido.
Se trató de una broma
Tras el análisis del video y la revisión de los datos asociados al vehículo involucrado, se determinó que el hecho correspondía a una broma organizada por un grupo de jóvenes. Según se indicó, la acción fue planeada como una simulación de secuestro hacia la supuesta víctima que iba pasando por el sector.
"Hay que entender que lo más probable es que igual se tenga que hacer la situación jurídica en cuanto a la investigación, porque se tiene que determinar que efectivamente la víctima fue víctima o fue una víctima simulada", señaló Guillermo Benítez, excoronel de Carabineros.
Además, enfatizó que "quienes están haciendo este tipo de cosas tienen que tener la claridad de que esto no puede salir gratis".
El abogado y académico Cristóbal Contardi explicó que "este tipo de conductas se encuentran sancionadas en el Código Penal, delito de desórdenes públicos". Alrespecto, detalló que se arriesgan penas de "presidio menor en su grado mínimo, que corresponden a penas que pueden ir desde los 61 hasta los 540 días".
"Bajo la actual legislación, el estado podría cobrar o perseguir el cobro de estas sumas de dinero, pero dicho procedimiento es excesivamente largo, dado que correspondería a una demanda de carácter civil", agregó.
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