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Listado incluye a excontralora regional: Funcionarios de Contraloría son investigados por viajar con licencia médica

Cada cierto tiempo, la Contraloría remece el debate público con sus auditorías. Y los que conocen a Dorothy Pérez, saben que es el sello que definió para su mandato: Poner en jaque a los servicios públicos que no están cumpliendo con su labor.

El primer llamado de atención fue cuando la Contralora puso en discusión la gran cantidad de barberías en funcionamiento, donde incluso emplazó a los alcaldes a aumentar la fiscalización de estos recintos. "¿Cómo puede suceder que tengamos cinco por cuadra? Y nadie se corta el pelo a través del delivery... Todos los chilenos sabemos lo que pasa ahí", dijo en ese entonces.

Luego, vino una serie de intervenciones en el Congreso por los casos convenios y los problemas de listas de esperas. En este último punto también generó un remezón al publicar una batería de auditorías en las que revelaba una suerte de operaciones VIP que privilegiaban a los propios funcionarios de los hospitales. La investigación quedó plasmada en 24 auditorías en las cuales los antecedentes fueron derivados al CDE y el Ministerio Público.

Bajo esta misma lógica fue que decidió indagar lo que en el servicio público ya consideraba una práctica habitual para “camuflar” vacaciones: usar una licencia médica para poder viajar al extranjero. Según el reporte de Contraloría, entre 2023 y 2024, 25.078 funcionarios habrían incumplido el período de reposo indicado en su licencia médica, por haber viajado fuera del país.

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Las personas denunciadas obtuvieron 35.585 licencias, de las cuales un 69% corresponden a permisos entregados por Fonasa y un 31% por las distintas isapres. De ellas, según comentaron en el ente fiscalizador, la Contralora Pérez determinó que se pusiera atención especial en su organismo por si aparecían casos con irregularidades.

Tras dos meses de revisiones, la auditoría interna de Contraloría arrojó que 36 funcionarios propios habían viajado fuera del país estando con licencia. Esta información llegó al escritorio de Dorothy Pérez los primeros días de abril y el 16 de ese mismo mes instruyó sumarios para determinar responsabilidades administrativas bajo el decreto 736.

¿Qué cargos y sueldos tienen los funcionarios cuestionados de Contraloría?

Estos 36 funcionarios llamaron la atención en el ente fiscalizador. Por lo mismo, también fueron incluidos en el listado total que fue enviado a la Fiscalía Nacional y al Consejo de Defensa del Estado para que los investiguen penalmente.

Dentro de los investigados aparece Alejandra Pavéz Pérez, quien hasta ayer se desempeñaba como Jefa de Control de Personal y Remuneraciones de la División de Fiscalización de la Contraloría de la Región Metropolitana con un sueldo de $5.500.000 brutos. El fiscal del sumario solicitó destinar a Pavez a otro cargo mientras dure la indagatoria, una medida que desde la Contraloría esperan se replique en todos los organismos denunciados.

Anteriormente fue Contralora subrogante de Valparaíso y Contralora titular del Maule, entre 2017 y 2018. Dentro de sus destinaciones, fue enviada en 2018 como agregada en la Misión de Chile ante las Naciones Unidas, en Nueva York.

A Pavéz se le cuestiona haber salido del país por el aeropuerto Arturo Merino Benítez el 8 de noviembre de 2023 y haber retornado el día 12 del mismo mes, siendo que había emitido una licencia de 14 días a contar del 30 de octubre.

 

Alejandra Pavéz Pérez
Alejandra Pavéz Pérez

 

También llama la atención la de un funcionario de la Contraloría de Coquimbo, cuya remuneración alcanza los 2.500.000 brutos. El profesional ingresó a la CGR en julio de 2024. Cinco meses después, el 30 de diciembre de ese año, abordó un avión al extranjero tras haber recibido una licencia médica por 14 días, el mismo día.

Otro caso que fue enviado a la Fiscalía, apunta a una funcionaria de repartición en Santiago. Ingresó a la Contraloría en mayo de 2017. Presentó una licencia por 30 días a contar del 25 de junio de 2024. Una semana después, el 4 de julio, se fue al extranjero vía aérea. Una vez que se venció su permiso por enfermedad, lo renovó desde su lugar fuera de Chile por cuatro semanas más. Según la PDI, la funcionaria retornó a Chile el 11 de agosto de 2024.

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Dentro de las personas investigadas se encuentra también una funcionaria que entró en 1993 a trabajar en la Contraloría y, al momento de su viaje, ejercía el cargo de fiscalizadora en la región de Valparaíso. La mujer presentó una licencia válida desde el 7 de junio de 2023, válida para diez días de reposo. Sin embargo, el 15 de ese mes, registra una salida del país por el aeropuerto Arturo Merino Benítez.

Según los datos revisados por Mega Investiga, cerca de la mitad de los viajes realizados durante el periodo de licencia médica, se registraron en época estival, entre los meses de diciembre y febrero.

 

Sumarios apuntan a Fonasa y Compin

El alto volumen de información de la revisión que hizo Contraloría se empezó a bajar ayer a todas las unidades del país. La Contralora Pérez se reunió de manera virtual con sus contralores regionales para explicarles los alcances de los hallazgos y lo que había que empezar a solicitar a los organismos involucrados.

Así, Pérez les comunicó que se empezó a enviar a los servicios los nombres, rut y fechas de viajes para que se inicien los sumarios administrativos con el fin de que las propias jefaturas se encarguen de las formulaciones de cargos que pueden llegar a la destitución de los funcionarios que hicieron mal uso de sus licencias médicas.

Otro de los temas que planteó la jefe fiscalizadora es la responsabilidad que existe en Fonasa, Suceso y el Compin por no haber cumplido su rol en lo detectado por la Contraloría. Por ello, les comunicó que instruyó sumarios contra esas reparticiones.

De todas formas, las auditorías por licencias médicas aún no han terminado. Desde el organismo comentaron a Mega Investiga que se vienen dos nuevos reportes. El primero, que debería estar terminado para dos a tres semanas más, apunta a las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Policía de Investigaciones. Estas instituciones no fueron objeto de revisión ahora, dado que su sistema de salud está vinculado a Capredena y Dipreca.

Mientras que el último informe de fiscalización, está asociada a viajes dentro de Chile por parte de funcionarios públicos que tomaron licencia médica por alguna enfermedad.

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