Batalla legal entre productoras y Ñuñoa: Acusan a municipalidad de ilegalidades en cobros por uso de Estadio Nacional

¿Qué pasó?

Hasta la Corte de Apelaciones de Santiago llegaron las productoras La Oreja, Lotus, Swing y The Fan Lab con el fin de derogar un decreto de la Municipalidad de Ñuñoa para instaurar nuevos cobros en la realización de eventos. 

De acuerdo a lo que se puede leer en el documento judicial, las productoras alegan ilegalidad de un decreto por "derechos por externalidades negativas de grandes eventos desarrollados en las instalaciones del Estadio Nacional".

Las productoras argumentan que este acto está fuera del marco de la ley pues "no existe disposición alguna que ampare a la Municipalidad a cobrar derechos por la utilización de un recinto que no le pertenece, ni administra, y respecto de actividades que no tienen domicilio en la comuna, ni que quieren de permiso o título previo otorgado por el municipio para su funcionamiento".

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Esto, considerando que la administración del mencionado recinto le corresponde al Instituto Nacional de Deportes (IND) y no al municipio encabezado por al alcaldesa Emilia Ríos.

Además, agregan que "tampoco es lícito exigir sumas de dinero bajo el concepto de rentas municipales con el objeto de reprimir y sancionar conductas ilícitas cometidas por terceros, que además, no se tiene la certeza que ocurrirán con la realización de un evento".

Los cobros que se le hacen a las productoras

Más adelante, se especificó que el decreto en cuestión establece los nuevos cobros, los que dependen directamente de aforo del espectáculo que se realiza. 

Así, si el evento alberga una convocatoria que va desde los 10.000 a 30.000 asistentes se deberá pagar la suma de 106 UTM ($6.963.958), si este va desde los 30.001 a 45.000, el cobro asciende a las 159 UTM ($10.405.437) Y si la asistencia fluctúa entre los 45.001 a 62.000, el monto ascenderá a 219 UTM ($14.332.017).

Por otro lado, se detalla que además de exceder sus competencias al cobrar derechos por el recinto que no es de su administración, apuntan que el municipio estableció requisitos adicionales no contemplados en la ley para el desarrollo de una actividad económica.

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Pero no es la única: además alegan otros aspectos como la creación de un nuevo impuesto que infringe el principio de reserva legal, que el decreto responsabiliza a los productores por ilícitos cometidos por terceros, la falta de fundamentos para establecer cobros y aforos por ejemplo y que la municipalidad creó derechos municipales que no están previstos en la ley.