"Copy paste", subcontrataciones millonarias y rendiciones inconsistentes: el método ProCultura que reveló Contraloría
Los últimos informes de Contraloría asociados al caso Convenios asestaron un nuevo golpe para la Fundación ProCultura, liderada por el psiquiatra Alberto Larraín.
Los documentos, publicados el 9 de noviembre pasado, advierten una serie de irregularidades en los proyectos adjudicados con Secretarías Regionales Ministeriales (Seremis), Servicios de Vivienda y Urbanización (Serviu) y gobernaciones regionales en diferentes zonas del país.
En concreto, los informes cuestionan -entre otras cosas- que ProCultura contratara a empresas privadas para la ejecución de los proyectos adjudicados, así como también la presentación de rendiciones con errores e inconsistencias.
Incluso, se constató que la fundación, en el marco de un proceso de postulación a un convenio, presentó un formulario que contenía copias textuales de diversas fuentes de información, lo que a juicio de la Contraloría significó una eventual infracción sobre derechos de autor.
Con esta ofensiva del ente fiscalizador, el escenario al que se enfrenta la organización fundada por Larraín, quien es cercano al Presidente Gabriel Boric, se complicó aún más, pues ProCultura es una de las Fundaciones que tiene la mayor cantidad de convenios investigados hoy por el Ministerio Público a lo largo de Chile.
Pero esa no ha sido la única consecuencia. Desde que se destapó el lío de dineros, ProCultura ha sido una de las ONG más cuestionadas y ha sufrido el término anticipado de distintos convenios, como con la Gobernación Regional de Antofagasta -desde donde se querellaron por la no restitución de más de $370 millones- y con la Gobernación Regional de Aysén, por un total de $1.670 millones.
Lo mismo ocurrió hace exactamente una semana con la Seremi de Vivienda de Antofagasta. El organismo puso fin a los contratos con ProCultura, argumentando “incumplimientos”, y ordenó la restitución -en un plazo de diez días- de los $500 millones transferidos en el marco de los proyectos.
Pese a los cuestionamientos, en varias ocasiones ProCultura ha salido a defender sus labores en los convenios, que varían entre el mejoramiento de fachadas, programas de prevención del suicidio, mejoramiento en condiciones de habitabilidad, turismo, y otros.
Incluso, ante el fin anticipado del convenio con el Gore de Aysén, la fundación realizó una contraofensiva y presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique, acusando “brutal discriminación”.
El nuevo flanco de la fundación de Larraín
La región del Ñuble fue otra de las zonas que ProCultura eligió para desarrollar sus proyectos.
En este caso, se trató de un convenio firmado con el Gobierno Regional del Ñuble que superaba los $268 millones, y que tenía como objetivo “generar diálogos y avances en beneficio del desarrollo cultural, turístico, seguridad y de otras áreas anexas, entre la región de Ñuble y las provincias de Argentina”.
Lo anterior se materializó en un plan de difusión y promoción de la oferta turística regional y en un “Encuentro Binacional” en el Ñuble, donde participaron distintas autoridades tanto chilenas como argentinas.
Sin embargo, el proyecto hoy está en la mira del Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), luego de que Contraloría enviara una serie de antecedentes sobre irregularidades en su ejecución.
En ese listado, el ente fiscalizador detectó que el desarrollo de la iniciativa no lo ejecutó ProCultura en su totalidad, sino que subcontrató a empresas para llevar adelante las distintas etapas del proyecto. “La Fundación ProCultura actuó, en definitiva, como una intermediaria entre la entidad pública auditada y las empresas privadas, situación que quedó en evidencia toda vez que el evento denominado Encuentro Binacional no fue organizado ni ejecutado por ella”, reveló la auditoría de Contraloría.
En concreto, la fundación subcontrató a las empresas Consultora y Productora Esquerré Limitada y Servicios Turísticos Esquerré Limitada, las cuales prestaron servicios para la realización de la iniciativa a cargo de ProCultura, cuya organización facturó un total de $163.764.585, lo que representa un 66% de los fondos rendidos. Según el ente fiscalizador, esa modalidad no estaba acordada en el convenio con el Gobierno Regional de Ñuble, que encabeza Óscar Crisóstomo (PS).
Pero la situación se agravó aún más cuando Contraloría detectó que una de las empresas subcontratadas por ProCultura estaba interesada desde antes que la fundación en el desarrollo del proyecto.
Esto quedó en evidencia en un correo del 23 de mayo de 2022 que envió la Consultora y Productora Esquerré Limitada al Gore de Ñuble, con la intención de presentar una propuesta para el “Encuentro Binacional” que se desarrollaría en la zona.
El Gore de Ñuble, explicó que “si bien la Consultora y Productora Esquerré Limitada tuvo interés inicial en llevar la iniciativa de manera directa, los objetivos de esta no podían cumplirse sin la intervención de una entidad con experiencia en trabajos comunitarios”.
Otro de los problemas que detectó la fiscalización en Ñuble tiene que ver con errores, inconsistencias y atrasos en las rendiciones presentadas por ProCultura y una falta de supervisión del Gobierno Regional en esa materia.
La auditoría también cuestionó una eventual infracción a los derechos de autor por parte de la Fundación de Alberto Larraín. De acuerdo a Contraloría, ProCultura presentó dos anexos en su formulario de postulación al convenio que carecían de “autoría respecto a la propiedad”, por lo que representan una eventual infracción sobre derechos de autor.
En ese sentido, se constató, según el informe, que el contenido de los documentos fue “copiado textual con algunas variaciones desde diversas fuentes de información” y no quedó registros de citas a sus respectivos autores. Todo esto, a pesar de que el Gore del Ñuble indicó en el proceso que “obró de buena fe” al confiar en el profesionalismo de la fundación.
Mega Investiga contactó al Gobierno Regional del Ñuble, sin embargo, no atendieron a los requerimientos.
El vínculo que complica en Valparaíso
En Villa Alemana, en la región de Valparaíso, existen al menos 19 campamentos, según cifras de la municipalidad. Fue esa comuna la elegida por la Fundación ProCultura para llevar adelante uno de sus proyectos, en el marco del programa de Asentamientos Precarios.
Con planos sobre la mesa, los encargados de materializar el trabajo explicaron a los vecinos los alcances de un convenio firmado el 14 de diciembre de 2022 con el Serviu y la Seremi de Vivienda de Valparaíso por $248 millones.
El objetivo, en concreto, era diseñar un plan de urbanización para tres campamentos: Irene Frei, Manzana 33 y Lomas de Bellavista.
Pero el proyecto hoy es apuntado por la Contraloría, luego de que la investigación especial detectara irregularidades en su ejecución, además de un posible conflicto de interés.
Fue en mayo de este año cuando se encendieron las alertas. Ese mes, ProCultura rindió gastos que superaban los $17 millones, por servicios prestados por la empresa Asesorías Profesionales en Gestión Inmobiliaria y Construcción Limitada, cuyas rendiciones fueron observadas por el Serviu de Valparaíso al no exigir la constitución de garantías.
Esa operación dio cuenta de cómo estaba operando la organización de Alberto Larraín. Nuevamente mediante una subcontratación, pero con un ingrediente a eventuales faltas a la probidad administrativa. Según Contraloría, el 15 de mayo de 2023 se suscribió un contrato de prestación de servicios entre la empresa mencionada y ProCultura por un monto aproximado de $44 millones para que se ejecutara el proyecto en Villa Alemana.
¿Qué es lo irregular? Un contrato que se formalizó con una empresa que no tenía más de seis meses de experiencia, como se sugiere, y creada por Tomás Ochoa, exdirector del Serviu de Valparaíso, quien en el ejercicio de su cargo había solicitado los fondos para ProCultura, el 21 de febrero de 2022.
Tras esa firma, Ochoa dejó la jefatura del Serviu en Valparaíso, dos meses después. “Hoy finalizó una hermosa etapa laboral como Director Regional de Serviu Valparaíso. Donde pude conocer y liderar un gran equipo humano de profesionales comprometidos con la función pública y con la implementación de políticas públicas de Vivienda, Barrios y Ciudad”, escribió en ese entonces en su perfil de LinkedIn.
La Seremi de Vivienda de la Quinta Región presentó sus descargos ante Contraloría y advirtió que “la eventual infracción al principio de probidad dice relación con una falta cometida por la fundación, no por esa secretaría”.
Argumento similar presentado por el Serviu regional, donde afirmaron que el servicio “no cuenta con antecedentes que puedan ser un elemento que configure algún conflicto de intereses y/o infracción al principio de probidad”.
Visión que no fue aceptada por el ente fiscalizador y determinó que todos estos antecedentes pueden ser un elemento que configure “algún conflicto de interés o infracción al principio de probidad". Por tanto, recomendó al Serviu de Valparaíso revisar la procedencia de un término anticipado del convenio.
ProCultura acusa disparidad en investigaciones
Mega Investiga consultó a la Fundación ProCultura sobre los cuestionamientos realizados por Contraloría. En su respuesta, la entidad aseguró que "lo que debemos tener presente es que el 'rayado de cancha' respecto de cómo se relacionan las instituciones públicas con las privadas lo da el Estado".
Según señalan desde la fundación, "los informes que analizan si esto estuvo bien o mal ejecutado se basan en la información que aporta el mismo Estado", por lo que "es una situación muy dispar para los ejecutores que debemos acatar lo que el Estado establece".
Asimismo, reconocen que si bien los informes del ente fiscalizador aportan al análisis, agregan que hay información que no consideran y que "probablemente solo conseguirá salir a la luz en tribunales".
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