Vecinos del lago Colico denuncian que familia impide acceso a la playa con guardias armados
Vecinos del lago Colico de Cunco, ubicado en la región de La Araucanía, denunciaron que uno de los accesos públicos al lugar se encuentra cerrado e, incluso, custodiado por guardias privados contratados por la familia propietaria del terreno ubicado en la ribera poniente, específicamente en el sector Villa Nueva Esperanza.
Los dirigentes sostienen que han sufrido amenazas con armas de fuego por parte de quienes resguardan el acceso a la playa.
"Cree que el camino es de su propiedad"
Gustavo Arellano, presidente del Comité de Defensa de las Playas del Lago Colico, explicó que hasta el domingo no había problema con el acceso a la playa, pero que “hace un par de días empezaron a pasar situaciones no gratas, bastante incómodas, debido al pensar del propietario Ramón Ortúzar Aldunate, que cree que el camino es de su propiedad”.
Según Arellano, los guardias privados de los propietarios destruyeron los kioskos ubicados en el lugar y que tenían autorización de funcionamiento.
Tras el hecho, los dueños de los establecimientos pasaron la noche en el lugar encontrándose "con personas que los trataron de amedrentar con armas de fuego diciéndoles que tenían que salir de ahí, que no podían estar y entraron a una discusión y al final los guardias se retiraron, se fueron”.
El dirigente aseguró que mientras dos jóvenes transitaban por el camino “salió otro tipo de los matorrales y las apuntó con armas de fuego, diciéndoles claramente que si no detenían el paso y se devolvían, ellos iban a disparar”.
Arellano dijo que llamaron a Carabineros pero que a su juicio, “no hicieron el procedimiento como corresponde porque hay tipos armados que salen a amedrentar a la gente”. Agregó que se trató de "un procedimiento “muy burdo, muy liviano, creemos que para proteger al particular”.
Instalación de portón y guardias
Posterior al incidente, se encontraron con un socavón en la parte más angosta del camino y con un portón custodiado con cuatro guardias con perros y gas pimienta para prohibir el paso a la playa, relata el dirigente.
“Es un camino que está inscrito dentro de los planos del proyecto de parcelación de la reforma agraria de 1975, que se intervino en 1978 por la municipalidad de Freire, que está estipulado en los planos, reconocido por el SAG y que nosotros hemos hecho uso”, indicó Arellano.
"Ahora tenemos un proceso judicial porque ellos demandaron que nosotros habíamos entrado a la propiedad privada, mientras que los tribunales en primera y segunda instancia dijeron que no", manifestó.
