Compras de terreno con sobreprecio: Contraloría alerta a Fiscalía de posibles delitos en Municipalidad de Rinconada

A ocho meses del reportaje de Meganoticias que reveló el mal uso de millonarios fondos de casino de la Municipalidad de Rinconada de los Andes, la Contraloría General de la República (CGR) cuestionó en un informe la compra y arriendo vía trato directo de tres terrenos en la comuna, a cargo del alcalde Juan Galdames Carmona (independiente-Chile Vamos).

El órgano fiscalizador determinó que uno de los predios fue adquirido con sobreprecio, mientras que los otros dos fueron arrendados sin autorización del Ministerio de Hacienda, sin el acuerdo del Concejo Municipal y suman montos millonarios.

Considerando que estos hechos podrían “revertir carácter de delito”, la CGR envió los antecedentes a la Fiscalía Regional del Ministerio Público de Valparaíso y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que sean investigados. Esto, además, porque los montos tasados de los terrenos podrían no corresponder al precio de mercado, según el informe del ente fiscalizador.

El alcalde Galdames ya enfrenta dos querellas en su contra por presuntos delitos de fraude al fisco, falsificación de instrumento público y negociación incompatible, relacionados a los dineros que el municipio recibe del Casino Enjoy Santiago.

Un negocio vía trato directo y con sobreprecios

Fue en 2022 cuando la Municipalidad de Rinconada le compró a Fernando Porcile Valenzuela, vía trato directo, un terreno de 3,9 hectáreas, por más de $935 millones (29.250 UF).

El 1 de junio, Contraloría emitió un informe de investigación en el que comprobó que el predio había sido tasado en más de $954 millones, superando en un 1.189% el valor del avalúo fiscal, registrado en $74 millones. Constató, además, que el municipio no aportó antecedentes que fundamentaran la diferencia de precio.

En esa misma gestión de compra, la Municipalidad de Rinconada también celebró vía trato directo contratos de arrendamiento con promesa de compraventa por dos terrenos. Los contratos fueron suscritos el 29 de septiembre de 2022, con Sandra Porcile Rojas y Sergio Parra Ravano, este último en representación de la sucesión de Fernando Porcile Valenzuela.

Según el informe de Contraloría, a la fecha de la fiscalización se había pagado $6,6 millones por concepto de arriendo de los meses de septiembre y octubre de 2022.

Asimismo, el ente fiscalizador advirtió que uno de esos dos terrenos fue tasado para su compra en $674 millones, superando en más de 3 mil por ciento el valor del avalúo fiscal, registrado en poco más de $20 millones. Sobre el segundo, en tanto, alertó que la municipalidad acordó pagar $760 millones, pese a que el informe de tasación había fijado un precio 3,5 veces menor: $213,5 millones. Según la CGR, en ninguno de los dos casos el municipio aportó antecedentes que justificaran la diferencia de montos.

Ambos contratos de arrendamiento con promesa de compraventa, además, fueron suscritos por la municipalidad sin contar con el acuerdo del Concejo Municipal ni con la autorización del Ministerio de Hacienda, infringiendo la Ley de Responsabilidad Fiscal. Por lo mismo, la Contraloría estableció que el municipio deberá iniciar un procedimiento de invalidación sobre los decretos alcaldicios que aprobaron dichos convenios, junto con anticipar el término de los contratos.

“Inconsistencias relevantes”

La Contraloría también detectó “inconsistencias relevantes” al revisar el informe de tasación que presentó el alcalde Galdames en el marco de la investigación, ya que es diferente al que tuvieron a la vista los concejales cuando aprobaron los contratos de los terrenos.

Ambos informes tienen el mismo formato, fecha y están firmados por el mismo tasador: Patricio Aranda Rivillo. Sin embargo hay elementos que afectarían la veracidad del documento que el alcalde entregó a la CGR. Uno de ellos, tiene la valorización de los tres terrenos, incorpora valores de referencia de los paños y de derechos de agua. El otro, en tanto, sólo incluye la valorización de dos de esos predios, y valores de referencia de los derechos de agua, entre otras inconsistencias.

Estos antecedentes motivaron a la Contraloría Regional de Valparaíso a instruir también un sumario administrativo en Rinconada para determinar eventuales responsabilidades funcionarias.