¿Dónde están las armas robadas al Ejército?: Interrogatorios apuntan a bandas narcos y lanzadas al canal San Carlos

Es considerado el mayor robo de armas en la historia del Ejército. Hace más de tres años, una banda que operaba en la cárcel, a través del “cuento del tío”, logró sustraer 82 pistolas y municiones. Al día de hoy, sigue siendo un misterio qué pasó con el arsenal. ¿Terminó en manos de bandas criminales o fueron abandonadas en algún punto de Santiago?

Los hechos ocurrieron el 21 de marzo de 2022, en dependencias del Instituto de Investigaciones y Control, encargado del resguardo del armamento que ingresa al país. En horas de la madrugada, un sujeto llamó por teléfono a la guardia del lugar y se hizo pasar por el director del IDIC, el coronel Francisco Silva, dando paso a lo que sería uno de los escándalos que afectaron a la institución castrense.

Por medio de una serie de instrucciones, le ordenó al auxiliar civil, Juan Osorio Cofré, ir a su oficina, abrir una caja fuerte y sacar cuatro armas y municiones, de propiedad del Ejército, además de $300 mil, que tenía en su interior, para luego echarlas en un bolso negro y entregarlas a un uber que iría a retirarlas.

Más tarde, en otra llamada, el supuesto jefe de la repartición le dijo que ingresara al edificio del Banco de Pruebas, para sacar el botín principal: 78 armas de fuego marca CZ, de propiedad de la empresa Latco, las que luego fueron retiradas por otro vehículo en una caja de cartón.

Osorio y un militar que estaba de guardia fueron los primeros detenidos, y más tarde, la Fiscalía Centro Norte logró determinar que detrás de la falsa llamada estaban dos internos del módulo 5 de Colina II, que habrían actuado coordinados con la pareja de uno de ellos, Francisca Arancibia, que también fue detenida.

¿Dónde están las armas?

La gran interrogante que aún no resuelve la investigación es dónde fue a parar el arsenal sustraído. Al menos una de las armas fue encontrada en medio de un allanamiento policial a una banda de narcotraficantes en la zona sur de Santiago, pero del resto se desconoce su paradero.

Por lo mismo, la investigación se centró en el rol de Nicolás Jara Valdebenito, alias “El Teta”, quien realizó las llamadas desde el penal y ordenó las entregas en la comuna de Peñalolén, y en el papel del otro imputado con quien compartía celda, Gabriel Avendaño Cataldo.

Este último, a fines de 2022 declaró ante la Fiscalía y el OS9, y dijo que cuando se supo lo ocurrido, las personas que recibieron las armas “se asustaron y botaron gran cantidad de armas en el canal San Carlos, a la altura de Tobalaba con Los Orientales, y por el otro lado Las Parcelas, en Peñalolén”, pero se negó a decir los nombres de quienes estaban involucrados.

También, declaró su ex pareja, Francisca Arancibia, quien entregó una versión totalmente diferente a la que entregó el reo. En su último interrogatorio, en diciembre de 2023, dijo que Gabriel la llamó para pedirle que fuera a buscar un bolso deportivo que llegaría hasta su domicilio en un Uber, el que contenía parte de las pistolas robadas.

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Al día siguiente, relató que fue hasta el domicilio de la mamá de Gabriel, con el bolso con las armas y ella le confirmó que también había recibido una mochila con un arsenal, pero que la había llevado hasta la casa del hermano de Nicolás Jara.

Junto con eso, agregó que en menos de una hora, tres mujeres distintas llegaron hasta el domicilio de su entonces suegra para comprar las armas. “Llega hasta el frontis del departamento una mujer de pelo corto negro, delgada, con lentes negros y una cartera la cual posiciono delante de ella a la altura del pecho, era una cartera grande (...) en el momento veo que Paola le entrega las armas envueltas a la mujer quien las toma rápidamente y las mete dentro de la cartera e inmediatamente saca plata y se la entrega a Paola, ni siquiera hablaron fue algo súper corto y la mujer se retira al tiro”.

Tras esta declaración, Arancibia logró acceder a un juicio abreviado en el que fue condenada, en julio del año pasado, a 5 años y un día de cárcel por tráfico de armas, mientras que el guardia civil del IDIC, fue sentenciado a 540 días de presidio remitido por robo en lugar no habitado.

Para Avendaño y Jara se presentó una acusación en la que se pidieron 20 y 18 años de cárcel respectivamente, pero en la última audiencia de preparación de juicio oral, la Fiscalía comunicó que les ofrecieron un procedimiento abreviado, a cambio de que declaren nuevamente, con lo que buscarían que se entreguen más detalles del destino del arsenal robado a la institución castrense.

Sumario del Ejército terminó con desvinculaciones 

El robo de las armas provocó una crisis al interior del Ejército. Las sospechas respecto a la responsabilidad de otros funcionarios en el ilícito y las insólitas fallas de seguridad, dieron paso a una serie de diversas investigaciones administrativas, que tuvieron bajo sospecha al personal militar y civil del IDIC.

Consultado el Ejército respecto al resultado de dichos sumarios, a través de un comunicado, señalaron a MEGA Investiga que “como resultado de dichas investigaciones desarrolladas para establecer eventuales responsabilidades fueron desvinculados 4 integrantes de IDIC, que se desempeñaban en distintas funciones y con diferentes grados de responsabilidad. Asimismo, fueron sancionados otros 5 miembros del Instituto”.

Entre las personas separadas de la institución castrense, se encuentra el coronel Francisco Silva Mestre, que dirigió el IDIC, y solo el sargento segundo, Manuel Quinteros, fue procesado por la justicia militar, en un proceso que aún se mantiene en curso.

Debido a la gravedad de lo ocurrido, aseguraron que “se incrementaron las medidas de seguridad tanto técnicas como humanas”, con mejora de cámaras de seguridad y cerco eléctrico, instalación de barreras de acceso a las bodegas y techo del IDIC, y aumento de dotación e instauración de guardia exclusivamente militar, entre otras medidas.

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