A 10 años del Caso La Polar: ¿Qué fue de los ejecutivos condenados?
Se cumplen 10 años desde que se produjera el denominado Caso La Polar, el cual dejó al descubierto un sistema de defraudación ejecutado, por años, por ejecutivos de la empresa de retail hasta el año 2011.
En pocas palabras, el fraude consistía en la repactación unilateral de las deudas de clientes, quienes veían como el monto adeudado se multiplicaba respecto a la cantidad original.
Gracias a esto, los ejecutivos de la mentada empresa eran premiados con bonos y otras regalías, con base en los números que presentaba la empresa ante el mercado.
¿Cómo se descubrió?
Tras varias denuncias por parte de usuarios, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) tomó conocimiento del hecho y comenzó a investigarlo. Posteriormente, se realizó una demanda colectiva.
Al poco andar de la investigación, en 2011, la empresa reconoce 420 mil consumidores repactados unilateralmente y seis años de la práctica.
"Al año siguiente, cuando la empresa se reestructuró, supimos que eran prácticamente un millón de clientes afectados y eran casi 10 años de repactaciones unilaterales", señala el director del Sernac, Lucas del Villar.
Ejecutivos procesados
Junto con la caída de las acciones de la empresa, llegaron las repercusiones judiciales del caso, dado que tres de sus principales ejecutivos fueron procesados.
Se trata del entonces gerente general Pablo Alcalde, el gerente de Servicios Financieros Julián Moreno y la gerenta de administración María Isabel Farah.
Con base en correos electrónicos y otras diligencias, el Ministerio Público pudo acreditar la existencia del sistema de defraudación, además de la participación de los mencionados funcionarios.
Los tres fueron condenados a cinco años de presidio por los delitos de entrega de información falsa al mercado, uso de información privilegiada, lavado de dinero y declaración maliciosamente falsa sobre la conformación del capital de una empresa.
Además, se ordenó el pago de $228 millones a cada uno de ellos, correspondiente a lo que recibieron por concepto de bonos. Todos cumplieron su pena bajo el régimen de libertad vigilada.
¿Qué fue de los ejecutivos condenados?
Ni Pablo Alcalde, ni su defensa quisieron abordar los detalles del caso para el reportaje de Meganoticias.
En el caso de Julián Moreno, su abogado, Miguel Chávez, señaló que vive fuera de Santiago, apoyado económicamente por familiares.
"Se empezó a dedicar a actividades particulares en lo posible, pero que no han podido traer frutos muy importantes. Diríamos que él hoy día técnicamente está en una situación de absoluto descalabro o ruina económica", señaló Chávez.
En el caso de María Isabel Farah, su abogado, Alex Carocca, aseguró que tampoco está en condiciones de asumir el pago de la multa.
"Ella tuvo que pedir su jubilación, por la repercusión mediática que este tipo de causas tiene, ninguna posibilidad tuvo de conseguir algún trabajo en el área en el que ella se desempeñaba, más la edad, que le daba la posibilidad de jubilar, en definitiva, esa es su condición actual", sostuvo Carocca.
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