Abogado acusado de envenenar con metanol a mujer registra estafas y condena por homicidio
El caso del abogado Ricardo González Latorre, quien se encuentra en prisión preventiva acusado del homicidio calificado de Natalia Véliz, tras una intoxicación por ingesta de bebidas mezcladas con alcohol metílico para posteriormente cobrar un millonario seguro, dejó al descubierto un macabro historial del imputado.
Esto porque el jurista, que supuestamente envenenó a la víctima, no es la primera vez que se encuentra a disposición de la justicia.
Así lo dio a conocer la Fiscalía entregando antecedentes de causas anteriores similares a lo ocurrido con la muerte de la mujer, que terminó siendo internada de gravedad en el hospital de Quilpué y falleció tras siete días en estado de coma, generando la desazón de la familia que descubrió el fatídico engaño, tras quedar al descubierto una serie de mensajes de WhatsApp.
Acusado registra condena anterior por homicidio
El historial incluye una condena cumplida por el abogado el año 2000 y que se registró en el Juzgado del Crimen de Los Andes por un homicidio ocurrido el año 1997.
En esa ocasión, la víctima también tenía seguro a su favor y el imputado se puso de acuerdo con una tercera persona para dar muerte a la persona y cobrar los montos respectivos.
Finalmente, Ricardo González no pudo lograr su objetivo por falta de pago en las últimas primas a la aseguradora.
Tras este ilícito, el año 2004 fue investigado en una causa donde la afectada, una mujer, falleció por arma de fuego, pero no se logró acreditar su participación.
Y el 2012 existe una denuncia por homicidio, donde la víctima también portaba un seguro al igual que Natalia Véliz, cuyos beneficiarios eran cercanos al imputado.
Sobre estos antecedentes, el fiscal a cargo de la causa, Hernán Silva, aseveró que "el patrón común que se ha visto en el imputado es la existencia de seguros de vida por parte de las víctimas, cuyo beneficiario era el mismo o personas de su círculo cercano".
Por ahora el abogado Ricardo González Latorre permanece en prisión, mientras que el Tribunal estableció un plazo de 100 días para la investigación.
Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.
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