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Columna de Mauricio Morales: "La Constitución como fetiche"

Por Mauricio Morales, doctor en Ciencia Política, profesor titular, Universidad de Talca-Campus Santiago.

De manera inesperada, la Constitución vigente comienza a convertirse en uno de los pocos puntos de encuentro de la izquierda. El texto, nacido en 1980 y reformado innumerables veces desde el retorno a la democracia, sobrevivió a dos intentos consecutivos de reemplazarlo y terminó reafirmado en las urnas. En 2022, fue principalmente la centroderecha la que defendió su continuidad frente al proyecto de la Convención, mientras que en 2023 buena parte de la centroizquierda hizo lo mismo ante la propuesta del Consejo Constitucional.

Seis años después del inicio del primer proceso constituyente, la historia dio una vuelta difícil de anticipar, porque ahora son los partidos que impulsaron con mayor fuerza el reemplazo de la Carta Fundamental quienes comienzan a encontrar en ella una causa común. El gobierno de Kast abrió esta nueva disputa al proponer un quinto estado de excepción que concentra importantes atribuciones en manos del Presidente de la República, una iniciativa que sus críticos consideran parte de una agenda iliberal y que La Moneda presenta como indispensable para enfrentar la crisis de seguridad.

Ante ese debate, Gabriel Boric ha cuestionado públicamente la reforma y Michelle Bachelet también ha manifestado reparos, mientras que los partidos de izquierda, pese a sus diferencias sobre cómo reorganizarse y quién debe conducir la oposición, aparecen alineados en la defensa de los contrapesos institucionales. Lo llamativo es que quienes hace pocos años buscaban reemplazar la Constitución hoy recurren a ella para contener a un gobierno que intenta ampliar considerablemente las atribuciones presidenciales. Casi sin proponérselo, la izquierda terminó defendiendo la misma Carta Fundamental que antes quería cambiar. ¿Quién lo hubiese pensado?

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El problema para el gobierno es que esa defensa institucional no parece estar confinada a la izquierda, pues las encuestas muestran a una ciudadanía reacia a reabrir la cuestión constitucional. La CADEM del 26 de agosto indica que el respaldo general a la agenda de seguridad cayó del 49% al 41%, pero la señal más clara se observa cuando se pregunta directamente por la necesidad de modificar la Carta Fundamental. Un 61% considera que el Estado ya dispone de las herramientas necesarias para combatir el crimen organizado y el terrorismo, mientras que solo el 33% cree necesario avanzar con una reforma constitucional.

Algo parecido ocurre con el nuevo estado de excepción, cuyo apoyo bajó al 41% mientras el rechazo subió al 51%, especialmente cuando la encuesta comienza a detallar las atribuciones presidenciales que contempla el proyecto. El 63% prefiere que su declaración requiera la autorización del Congreso y apenas el 30% acepta que quede exclusivamente en manos del presidente. En cuanto a su duración, el 56% quiere que se renueve cada 30 días y solo el 26% está dispuesto a extender ese plazo a 120 días. Nada de esto significa que los chilenos hayan perdido la preocupación por la delincuencia, pues el 86% apoya requisar bienes vinculados al crimen organizado, el 72% respalda la colaboración de las Fuerzas Armadas con Carabineros y el 62% acepta la interceptación de telecomunicaciones.

El respaldo se reduce, sin embargo, cuando las medidas afectan las libertades individuales, hasta el 38% en la restricción al tránsito y el 36% en la limitación del derecho de reunión. La ciudadanía parece pedir más eficacia contra el crimen, pero no necesariamente otra modificación constitucional, ni una ampliación desmedida de las facultades presidenciales.

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Es justamente ahí donde la Constitución comienza a adquirir características de fetiche. La izquierda la defiende para limitar el poder presidencial, mientras que el gobierno quiere modificarla para ampliar sus herramientas en materia de seguridad. A esa contradicción se suma ahora la UDI, que, en vísperas del nuevo aniversario del triunfo del Rechazo, propone elevar los quorums de reforma desde cuatro séptimos a tres quintos y dificultar cualquier cambio futuro. Quizás sea una exageración, pero después de dos intentos de reemplazarla, Chile parece entrar en una especie de tercer proceso constituyente. Esta vez, la disputa gira en torno a sus quorums, sus límites y las atribuciones que estamos dispuestos a otorgar al poder presidencial.

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